Ayer ocurrió un incidente rutinario y revelador, dejó ver la limitación del sistema de justicia con casos de violencia de género en nuestro país. En una simple caminata por el centro de la Ciudad de México, la Presidenta Claudia Sheinbaum fue víctima de acoso sexual, este evento es deplorable que se convierte en una crítica al funcionamiento de la justicia. Si quien ostenta el cargo más alto del país no está a salvo de la agresión sexual, ¿qué le espera a las mujeres y niñas mexicanas?
De acuerdo con las últimas cifras de 2021 (porque ya no se realizó la ENDIREH-INEGI), el 49.7% de las mujeres declararon haber sufrido algún tipo de violencia sexual a lo largo de su vida, es decir casi la mitad.
Esta agresión también es relevante por la pasiva reacción de su equipo de seguridad, el acosador actuó frente a sus ayudantes y guardias. La intervención no ocurrió cuando la agresión comenzó, sino hasta que el sujeto ya la había besado, y estaba a punto de tocarla indebidamente.
A pesar de la seguridad que el Estado debería brindarle a su titular (tema de otro artículo), el colmo de la impunidad es que el agresor no fue detenido, es decir, la primera respuesta del aparato de seguridad y justicia, incluso ante la Presidenta del país, fue la omisión de un delito sexual.
Este episodio no es una anomalía, es el reflejo del modo de operar del sistema de seguridad y justicia en casos de violencia sexual. El agresor de la Presidenta sólo fue detenido horas después, y no por la eficacia de los protocolos de seguridad o procuración de justicia, sino porque el incidente se volvió mediático y viral -tal como ocurre con ciertos casos, muchos otros quedan en el olvido.
En México, el derecho a la justicia se ha sustituido por la capacidad de generar atención, un nuevo (e indignante) “procedimiento de justicia”. Si la presión mediática no es suficiente, el siguiente paso es tomar calles, protestar e incomodar para forzar a las autoridades a actuar, sino termina en el olvido de una carpeta.
En 2024, se abrieron 83 mil 897 de carpetas de investigación por algún delito sexual (acoso, abuso, hostigamiento o violación), el dato refleja una disminución del 6%, respecto a 2023 cuando alcanzó un máximo (89,239). Aún así, hay que pensar que todos los días hay 229 nuevos casos que buscan justicia.
En la última ENVIPE, se estimó que los delitos sexuales afectaron a 4 mil 706 personas por cada 100 mil habitantes, es decir una caída de 1% respecto a 2023, y específicamente en las mujeres fue de 3% menos. Estas cifras también muestran la diferencia del sexo, 9 de cada 10 delitos sexuales afectan a mujeres.
El acoso a Claudia Sheinbaum es más que un titular, es una radiografía de la impunidad sistemática en el país. Demuestra que, sin presión social, la impunidad es la norma y la detención, la excepción. Si el sistema es incapaz de proteger y garantizar justicia inmediata a la figura presidencial, es evidente que el Estado ha fallado en su obligación fundamental con el resto de las mexicanas.
